ASVAL y sus restricciones en el sector inmobiliario

Estamos llegando a una situación en la que el que parece un criminal es el propietario. Y cuantas más viviendas tiene, más criminal es”. Esta reflexión es de un colaborador habitual de un conocido programa de televisión en el que me entrevistaron hace unas semanas para analizar el decreto antidesahucios, aprobado por el Consejo de Ministros antes de Navidad, y sus consecuencias. Una frase dura, pero ilustrativa, sobre el cariz que está tomando la regulación en nuestro país en materia de alquiler, que además de no atajar la raíz del problema, estigmatiza a los propietarios y carga sobre sus espaldas los problemas de acceso a la vivienda que tenemos en nuestro país.

El último revés en contra del desarrollo y profesionalización de este mercado ha venido de la mano de la aprobación del real decreto 37/2020, más conocido como ‘decreto antidesahucios’. Una norma que, como hemos denunciado desde ASVAL, atenta directamente contra el derecho a la propiedad y nos convierte en el primer país de Europa que da amparo a un delito como la ocupación ilegal. Un fenómeno que ha crecido de forma exponencial en los últimos años, y que sufren no solo miles de propietarios particulares y profesionales, sino también comunidades de vecinos, barrios y Administraciones Públicas.

Además, la nueva norma generará una gran litigiosidad que en nada beneficia al desarrollo del alquiler, ya que traerá una oleada de denuncias contra el Estado por responsabilidad patrimonial, penal y económica que va en contra de reforzar la seguridad jurídica que reclaman los operadores del mercado, y que nos recomiendan potenciar organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Necesitamos normas que solucionen los problemas de acceso a la vivienda, no que los empeoren y que generen mayores desequilibrios y dificultades de acceso para los colectivos vulnerables, a los que en teoría se pretende proteger.

Desde ASVAL, respaldamos que ante la difícil coyuntura económica que estamos viviendo se apoye a los colectivos vulnerables. De hecho, cabe destacar que fueron los propietarios -tanto particulares como profesionales- los que, desde el primer momento en el que estalló la pandemia, dieron soluciones a sus inquilinos para hacer frente a la nueva situación, adelantándose a las medidas del propio Ejecutivo.

Pero de apoyar a los colectivos vulnerables a amparar la ocupación ilegal hay un buen trecho. Las soluciones no pueden ser las mismas para unos que para otros. Se traspasa una serie de líneas rojas que traerán graves consecuencias, y que serán difíciles de revertir.

El real decreto ley 37/2020 también permite la paralización de un desahucio por impago del alquiler si el inquilino demuestra su situación de vulnerabilidad ante los servicios sociales, independientemente de que dicha vulnerabilidad haya sido consecuencia de la pandemia. La mayoría de los inquilinos actúa de buena fe, pero este amparo legal llevará a muchos a aprovechar la situación. No es difícil aventurar que se producirá un nuevo repunte de los impagos, que se han triplicado desde que estalló el covid-19 hasta alcanzar el 15%, ya que muchos arrendatarios optarán por no pagar ante la perspectiva de no ser desahuciados.

En definitiva, con medidas como éstas amparamos a quienes ocupan o impagan, además de desproteger a los propietarios y dejar sobre ellos toda la carga, cuando no son ellos quienes actúan de forma negligente, o incluso delictiva. Serán ellos quienes tendrán que solicitar las compensaciones económicas que recoge el real decreto y demostrar el perjuicio económico causado, cuando es evidente el coste que supone no percibir la renta mensual durante meses o sufrir una ocupación. Y solo podrán acceder a estas ayudas si, pasados tres meses, la comunidad autónoma correspondiente no encuentra una solución habitacional para la familia vulnerable.

Los propietarios, ya sean profesionales o particulares, están soportando una importante factura en esta crisis. Poco se habla de cómo están haciendo frente a impagos, ocupaciones, reducciones de la renta o simples retrasos en el alquiler mensual, sin desatender sus obligaciones en materia de impuestos y gastos de mantenimiento de esa vivienda. Si queremos un mercado equilibrado, necesitamos medidas equilibradas que apoyen a todas las partes. No olvidemos que la vivienda ha sido la principal vía de ahorro de la clase media española en los últimos años. Con medidas que afecten al grueso de la población, sobre en todo en tiempos de crisis, muchas familias se enfrentarán a serias dificultades y el mercado del alquiler se resentirá.

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